9 sept. 2012

HOTEL WATERGATE…
Buenos días a todos!!
Sí ya era hora de no solo desear tener un buen día, sino también de experimentarlo en carne propia. Y es que los cuarenta y siete días de bloqueos, marchas, contramarchas, y protestas (sin contar las papas rellenas de clavos…) que acabamos de presenciar (lo que no significa que hayan concluido del todo o que no sucedan nuevamente en un futuro cercano), me han tenido un tanto entretenida con mi redacción propia, pero bueno… ya que estamos aquí, toca pues decir que revisando como de costumbre algunos datos que a veces casuales aparecen en este enredo de textos, libretas, códigos, y demás productos de árbol, asomó el relato del conocido caso Watergate, un escándalo político en los Estados Unidos ocurrido en 1972 durante el mandato de Richard Nixon, y que culminó con la imputación de algunos consejeros muy cercanos al presidente, y con su propia dimisión el 8 de agosto de 1974.
Resulta interesante analizar que las grabaciones de las conversaciones que tuvieron lugar en la oficina del presidente desde principios de 1971, se convirtieron en una de las claves principales del escándalo. Las cintas mas tarde escuchadas por la comisión y el juez Sirica resultaron comprometedoras pues mostraron que Richard Nixon estaba, al menos, enterado de los espionajes telefónicos contra el Partido Demócrata e insistía en pagar sobornos a los acusados de irrumpir en el Hotel Watergate para así evitar chantajes hacia sus consejeros o asesores.
Sin embargo, cuando el caso parecía entrar en el olvido, Bob Woodward y Carl Bernstein, dos periodistas del diario The Washington Post, uno de los más influyentes de ese país, revelaron detalles del asunto y acusaron al presidente de tratar de congelar las investigaciones. 
Los periodistas fueron orientados en su investigación por un misterioso personaje al que bautizaron como «garganta profunda». Después de múltiples peripecias judiciales la implicación de la administración de Nixon se fue haciendo cada vez más evidente. El 30 de abril de 1973, Nixon aceptó parcialmente la responsabilidad del gobierno y destituyó a varios funcionarios implicados.
La existencia de cintas magnetofónicas incriminatorias del presidente y su negativa a ponerlas a disposición de la justicia llevaron a un duro enfrentamiento entre el ejecutivo y el judicial. La opinión pública forzó finalmente a la entrega de esas cintas, pero una fue alterada y dos desaparecieron.
Crecientes evidencias sobre la culpabilidad de Nixon y de altos funcionarios llevaron a que se iniciaran los procedimientos del «impeachement», juicio al presidente. Las investigaciones llevadas a cabo por el FBI y después por el Comité de Watergate en el Senado, el House Judiciary Committee y la prensa revelaron que este robo fue sólo una de las múltiples actividades ilegales autorizadas y ejecutadas por el equipo de Nixon. También revelaron el enorme alcance de los delitos y abusos cometidos para apoyar la reelección de Richard Nixon, que incluían fraude en la campaña, espionaje político y sabotaje, intrusiones ilegales en oficinas, auditorías de impuestos falsas, escuchas ilegales a gran escala, y además la formación de un fondo secreto en bancos de México para pagar a quienes realizaban estas operaciones ilícitas. Este fondo también se usó para comprar el silencio de los cinco hombres que fueron imputados por el robo del 17 de junio de 1972 en el Edificio Watergate.
En agosto de 1974 Nixon tuvo que entregar transcripciones de tres cintas magnetofónicas que claramente le implicaban en el encubrimiento del escándalo. Ante la evidencia de espionaje, se formó una comisión investigadora y casi todos los colaboradores de Nixon renunciaron a sus cargos, envueltos en una red de sospechas. A partir de entonces, y durante dos años, fueron surgiendo cada vez más elementos que comprometían la actuación de Nixon. Aunque al principio se defendió negando tener conocimiento del hecho, finalmente admitió las acusaciones. La evidencia hizo que Nixon perdiera sus últimos apoyos en el Congreso. El 24 de julio de 1974 la Corte Suprema acusó al presidente de obstruir las investigaciones judiciales, de abuso de poder y de ultraje al Congreso, y de haber utilizado a la CIA y el FBI con fines políticos. Nixon renunció el 8 de agosto a su cargo de presidente al verificar que había perdido la base política necesaria para gobernar.
Gran historia! Me dije luego de leerla y casi automáticamente, vino a mi mente una reciente noticia local: la acusación del ministro de gobierno contra una diputada de oposición, en sentido de que a ése ministerio habría llegado de manera anónima una grabación en la que la legisladora supuestamente ofrecía dinero con fines políticos a dirigentes de la IX marcha en defensa del TIPNIS. A partir de ello, el argumento oficialista amplió sus horizontes hasta incluso hoy pedir la dimisión de la diputada y por consiguiente la entrega de su sillón camaral. Ahora bien, al ser consultado sobre el origen y procedencia de tal grabación, el ministro se limitó a enfatizar que no era el gobierno el que había ingresado escuchas telefónicas, ni ningún otro tipo de grabación secreta con objeto de violar la privacidad de la legisladora, sino que “alguien” bien intencionado y de muy buena voluntad había querido solamente colaborar, para frenar este tipo de conductas.
Retorné al escándalo Nixon y creí encontrar similitudes, no solo respecto a la denuncia de espionaje político, sino también en cuanto a la negativa del gobierno para reconocerse autor de este tipo de actividad ilegal, además de abuso de poder, utilización de la fiscalía y la policía con fines políticos para obstaculizar las investigaciones, sobornos, etc. Mas sin embargo, al final demostrarse su responsabilidad por éste y muchos otros delitos cometidos bajo el paraguas que amparaba su gestión y con ello lograr su abdicación.
Nuestra realidad actual no está del todo lejos de éste tipo de aquelarres políticos. Con frecuencia lamentamos la comisión de delitos por parte de quienes nos gobiernan, nombrarlos ahora sería tema de otro análisis, pero no cabe duda de la necesidad urgente que tenemos los bolivianos de nuevos referentes éticos en las prácticas del servicio público; de lo imperioso que es ahora para el gobierno en su cuenta de resultados generar y materializar un accionar comprometido con la sociedad. Bien escribió en su momento Gonzalo Lema: “los políticos saben que la actitud es siempre la última palabra del discurso” y con ello concuerdo.

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